El turismo necesita regulación integral

El Govern de José Ramón Bauzá ha sacado a exposición pública la que, por el momento, constituye su iniciativa más emblemática, la Ley General Turística, con la que pretende señalar un antes y un después en la gestión de la primera industria y del sector básico de la economía de las islas. La normativa preparada por el Ejecutivo autonómico ha sido presentada por el conseller del ramo, Carlos Delgado, como el eje capaz de regenerar el sector turístico, abriendo la consolidación de nuevos proyectos, abogando por la modernización de los actuales, finiquitando los establecimientos de una y dos estrellas y dando cauce legal a la propiedad compartida, los llamados condoteles. También se articula la reconversión de hoteles en vivienda y se anima, prácticamente sin límite, la creación de hoteles rurales o la compatibilidad entre possessió y agroturismo. Por último, se pretende poner coto definitivo a la oferta ilegal concediendo un plazo de cuatro años para la adecuación de establecimientos con la amenaza de un incremento de sanciones en un 30% en caso de no hacerlo.

Bajo la administración autonómica, Balears ha conocido distintos intentos, de forma parcial o integral, para regular el sector turístico de las islas sin que ninguno de ellos llegara a consolidarse o a prosperar de forma suficiente. Cabe recordar, en este sentido, los llamados decretos Cladera, el Plan de Ordenación de la Oferta Turística o la misma ley de la ecotasa, una normativa rápidamente defenestrada y que ahora lleva visos de implantarse en Cataluña, prácticamente calcada a la que se ensayó en Balears, con el respaldo de un PP que aquí vuelve a descartarla de forma contundente mientras se queja de la carencia de vías de financiación de infraestructuras turísticas públicas.
Es probable que, de no corregir algunos de sus errores básicos o de no expandir y completar el articulado con el que ha salido a exposición pública, la Ley General Turística, en la que tanto empeño dice haber puesto el Govern Bauzá, corra la misma suerte que las normas que la han precedido. Resulta a todas luces insuficiente porque a fin de cuentas viene a ser más de lo mismo. Incide en exceso sobre un sector hotelero al que ha dejado satisfecho pero obvia por completo otros aspectos fundamentales de la explotación turística balear que igualmente necesitan reciclarse y hallar cauces de modernidad.

La ley preparada por Carlos Delgado se centra en actuaciones sobre el territorio y los grandes trazos de los alojamientos turísticos. Por esta vía se vuelve a desembocar en un modelo exclusivo que, por lo menos desde una parte considerable del sector afectado, ya se da por obsoleto. Los turistas no escogerán Mallorca a la hora de decidir su lugar de descanso sólo por un determinado hotel. Lo harán por eso siempre que vaya acompañado de una oferta complementaria completa, desde el paisaje a la gastronomía, pasando por la cultura y el comercio, sin olvidar las facilidades de transporte y otras infraestructuras públicas. Por eso llama la atención que la Ley General Turística impulsada por Carlos Delgado no regule el “todo incluido” o apenas trate la oferta complementaria. Esa prohibición de sacar comida de los hoteles, presentada como un guiño a la restauración, en la práctica resulta un brindis al sol. ¿Quién la controlará? ¿Tensarán por ello los hoteleros su relación con el cliente? La ley ahora en exposición pública puede servir de soporte para los proyectos de Canyamel, sa Ràpita y Magaluf o para desbloquear otros, también para ampliar y crear nuevos puertos deportivos pero, a fuerza de patrocinar el consumo de territorio, no habla, por ejemplo, de diversificar la oferta ni de ampliar la temporada. Está bien que se dignifique nuestra planta hotelera y que, al menos en teoría, no haya concesiones para quienes degradan el negocio turístico, pero lo que está en juego es algo mucho más trascendente porque el futuro será implacable si no sabemos reinventarnos en profundidad como destino vacacional de calidad. En ese sentido la nueva ley, siendo positiva, debEl Govern de José Ramón Bauzá ha sacado a exposición pública la que, por el momento, constituye su iniciativa más emblemática, la Ley General Turística, con la que pretende señalar un antes y un después en la gestión de la primera industria y del sector básico de la economía de las islas. La normativa preparada por el Ejecutivo autonómico ha sido presentada por el conseller del ramo, Carlos Delgado, como el eje capaz de regenerar el sector turístico, abriendo la consolidación de nuevos proyectos, abogando por la modernización de los actuales, finiquitando los establecimientos de una y dos estrellas y dando cauce legal a la propiedad compartida, los llamados condoteles. También se articula la reconversión de hoteles en vivienda y se anima, prácticamente sin límite, la creación de hoteles rurales o la compatibilidad entre possessió y agroturismo. Por último, se pretende poner coto definitivo a la oferta ilegal concediendo un plazo de cuatro años para la adecuación de establecimientos con la amenaza de un incremento de sanciones en un 30% en caso de no hacerlo.

Bajo la administración autonómica, Balears ha conocido distintos intentos, de forma parcial o integral, para regular el sector turístico de las islas sin que ninguno de ellos llegara a consolidarse o a prosperar de forma suficiente. Cabe recordar, en este sentido, los llamados decretos Cladera, el Plan de Ordenación de la Oferta Turística o la misma ley de la ecotasa, una normativa rápidamente defenestrada y que ahora lleva visos de implantarse en Cataluña, prácticamente calcada a la que se ensayó en Balears, con el respaldo de un PP que aquí vuelve a descartarla de forma contundente mientras se queja de la carencia de vías de financiación de infraestructuras turísticas públicas.
Es probable que, de no corregir algunos de sus errores básicos o de no expandir y completar el articulado con el que ha salido a exposición pública, la Ley General Turística, en la que tanto empeño dice haber puesto el Govern Bauzá, corra la misma suerte que las normas que la han precedido. Resulta a todas luces insuficiente porque a fin de cuentas viene a ser más de lo mismo. Incide en exceso sobre un sector hotelero al que ha dejado satisfecho pero obvia por completo otros aspectos fundamentales de la explotación turística balear que igualmente necesitan reciclarse y hallar cauces de modernidad.

La ley preparada por Carlos Delgado se centra en actuaciones sobre el territorio y los grandes trazos de los alojamientos turísticos. Por esta vía se vuelve a desembocar en un modelo exclusivo que, por lo menos desde una parte considerable del sector afectado, ya se da por obsoleto. Los turistas no escogerán Mallorca a la hora de decidir su lugar de descanso sólo por un determinado hotel. Lo harán por eso siempre que vaya acompañado de una oferta complementaria completa, desde el paisaje a la gastronomía, pasando por la cultura y el comercio, sin olvidar las facilidades de transporte y otras infraestructuras públicas. Por eso llama la atención que la Ley General Turística impulsada por Carlos Delgado no regule el “todo incluido” o apenas trate la oferta complementaria. Esa prohibición de sacar comida de los hoteles, presentada como un guiño a la restauración, en la práctica resulta un brindis al sol. ¿Quién la controlará? ¿Tensarán por ello los hoteleros su relación con el cliente? La ley ahora en exposición pública puede servir de soporte para los proyectos de Canyamel, sa Ràpita y Magaluf o para desbloquear otros, también para ampliar y crear nuevos puertos deportivos pero, a fuerza de patrocinar el consumo de territorio, no habla, por ejemplo, de diversificar la oferta ni de ampliar la temporada. Está bien que se dignifique nuestra planta hotelera y que, al menos en teoría, no haya concesiones para quienes degradan el negocio turístico, pero lo que está en juego es algo mucho más trascendente porque el futuro será implacable si no sabemos reinventarnos en profundidad como destino vacacional de calidad. En ese sentido la nueva ley, siendo positiva, debería haber sido más ambiciosa.

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